Aprueban proyecto que precisa que las aguas tratadas sobrantes deben ser devueltas al cauce natural

21 de diciembre de 2011

La iniciativa legal –que plantea que las empresas sanitarias sólo podrán usar las aguas tratadas para el suministro de agua potable a sus clientes– se despachó a la sala de la Cámara de Diputados para ser debatida.

La comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó una moción que establece que las empresas sanitarias sólo podrán manejar y tratar el agua potable para abastecer a sus clientes. El resto del recurso hídrico que no usen para dichos fines, deberán dejar correr por su curso natural.

La iniciativa corresponde a una moción presentada por las diputadas Denise Pascal (PS) y Adriana Muñoz (PPD) y que interpreta el artículo 61 del D.F.L. N° 382, de la Ley General de Servicios Sanitarios, respecto a la comercialización de aguas servidas. La propuesta fue apoyada por los congresistas Pedro Pablo Alvarez-Salamanca (UDI), Ramón Barros (UDI), Fuad Chahín (DC), Javier Hernández (UDI), Enrique Jaramillo (PPD), Rosauro Martínez (RN), Jorge Sabag (DC) e Ignacio Urrutia (UDI).

En su última sesión, los parlamentarios de la instancia parlamentaria recibieron al presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, Guillermo Pickering, quien expuso sobre las aprensiones a esta iniciativa legal e insistió en que las aguas que ellos tratan son de su propiedad. Por ello, dijo, se oponen a la interpretación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y a esta moción que establece la restitución de estas aguas a su cauce natural en caso que exista sobrante de ellas, considerándola inconstitucional.

El presidente de la Comisión de Agricultura, diputado Javier Hernández (UDI) señaló que la instancia tiene otra interpretación de las aguas que las sanitarias potabilizan y entregan como servicio a los usuarios. “El hecho de que los usuarios hayan usado esta agua, también están pagando para que se traten y se limpie esta agua para que se depositen al caudal originario, por lo tanto, tenemos una profunda diferencia”, dijo Hernández.

El congresista explicó que la iniciativa consiste en una ley interpretativa que recoge el planteamiento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que deja dentro de los derechos de agua de los agricultores, las aguas servidas y tratadas. “La verdad es que esta ley viene a corroborar ese pensamiento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por lo tanto, estamos muy contentos. Este es un trámite y una necesidad de los agricultores muy sentida, y que hoy día se está concretando y esperamos que en la Sala pueda tener la misma aprobación”.

En ese sentido, para la diputada Adriana Muñoz precisó que lo que se busca es establecer con claridad que las aguas que son usadas por las sanitarias sólo se pueden utilizar por ellas en el suministro de servicio a los clientes, de los servicios de agua potable. Sin embargo, las empresas no podrán usar los recursos restantes (derrames de agua) en otras actividades comerciales por lo que deberán ser destinadas y dejar su cauce correr hacia los agricultores. “Hoy día, lo que va a suceder con la escasez de agua, con la sequía, es que las sanitarias van a concentrar el agua, y esto no va a permitir el derrame necesario para que sigan su curso y los campesinos puedan regar, los pequeños agricultores fundamentalmente”, dijo Muñoz.

Luego de escuchar al representante de las empresas sanitarias, los parlamentarios votaron la iniciativa legal, aprobándola por unanimidad en general y en particular, despachándola a la Sala para su debate. Se designó como informante a la diputada Denise Pascal.

El diputado Hernández agregó que esperan que no haya inconvenientes con la tramitación de la propuesta y con ello resolver un problema que se presenta en las zonas que tienen sistema de tratamiento de aguas servidas, especialmente en el valle central y donde haya agricultura hasta la costa y también en la zona de Copiapó.

Insistió en que las aguas tratadas sobrantes “no son de propiedad ni de los consumidores ni de las empresas, por lo tanto, tienen que ser restituidas al cauce natural, y ese fue la lógica que imperó en la Comisión de Agricultura”.

Fuente: www.portaldelcampo.cl/ Cámara de Diputados