Los 5 proyectos del agro que marcan la agenda legislativa

7 de marzo de 2011

Con la llegada de marzo, los ojos del sector agrícola se trasladan a Valparaíso. Específicamente al Congreso Nacional, donde el Senado y la Cámara de Diputados deberán analizar una serie de iniciativas ligadas al sector silvoagropecuario.

1.-Abigeato: más fiscalización

La Cámara de Diputados analizará, a partir de este mes el proyecto de ley que mejora la fiscalización para la prevención del delito de abigeato, es decir, el robo o hurto de animales.
Se trata de una iniciativa conjunta de los ministerios de Agricultura, Justicia e Interior y que fue impulsada como respuesta a un delito que afecta principalmente al mundo del agro.
El proyecto presentado por el Ejecutivo propone adelantarse a la comisión del delito, mejorando la normativa referida a la fiscalización que realizan los organismos estatales, asignando mayores y mejores herramientas para el desarrollo de un rol preventivo de las mismas.
Para la iniciativa, una de las claves es la guía de libre tránsito, actualmente utilizada para el transporte de ganado, pero que no contiene información que sea útil para la fiscalización. Es decir, no reúne datos respecto de quién realiza el transporte, desde y hasta dónde, y cuáles son los animales transportados.
Por lo mismo, se propone reemplazar esta guía por el actual “Formulario de Movimiento Animal”, desarrollado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), dependiente del Ministerio de Agricultura, en el marco de su Programa Nacional de Trazabilidad Animal. Dicho formulario, que se utiliza para el transporte de ganado, debe ser usado cada vez que se muevan animales que se encuentren en el programa desde un establecimiento pecuario bovino a otro.
Este formulario debe ser llenado independiente de la distancia que exista entre el lugar de origen y el destino del transporte y se debe completar uno por cada destino de animales. Se trata de un instrumento que ya es usado por el Servicio Agrícola y Ganadero, pero sobre el cual se está trabajando para mejorar aún más su contenido. En ese sentido, como novedad, éste podrá ser electrónico, según una base de datos que administra el SAG, y en él se incluirán también caballares, ovinos, camélidos y otras especies de ganado existentes en Chile.
El gerente técnico de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago), José Antonio Alcázar, valoró la iniciativa que se suma a otras cinco que están en el Congreso desde mediados de 2010 y que buscan perseguir de mejor manera a los autores de este tipo de delito. “Nos parece muy bien, porque recoge buena parte de lo que nosotros como gremio hemos planteado”, dijo el ejecutivo.
En una reciente visita a la región, el subsecretario de Agricultor, Alvaro Cruzat recordó la necesidad de mejorar la coordinación con carabineros y aumentar las rondas en los sectores rurales, para el establecimiento de redes de aviso y de apoyo entre los agricultores y realzó que “con este proyecto de ley se entrega una señal política de que se están generando cambios para prevenir dicho delito, aumentando su fiscalización y las penas asociadas a él”.

2.-Las regulación que falta para los transgénicos
“El proyecto mejora la actual de regulación, que les corresponde a las autoridades del Ministerio de Agricultura, basada en decisiones de carácter meramente administrativas. Hoy Chile produce Vegetales Genéticamente Modificados (VGM) sólo para fines de multiplicación de semilla de exportación, está prohibida la comercialización y consumo en el mercado interno del producto chileno, no obstante se importan y consumen este tipo de productos”.
Con esas palabras el ministro de Agricultura anunció el ingreso al Senado de una iniciativa que regula el uso de vegetales genéticamente modificados (VGM) generados a través de ingeniería genética.
La indicación es producto de la labor de un equipo que trabajó durante 2010 al alero del Ministerio de Agricultura, donde participó el sector privado, gremios e investigadores, cuyo objetivo fue avanzar en una normativa legal que regule el uso de vegetales genéticamente modificados en la agricultura.
A su juicio, “el desarrollo de agricultura convencional, orgánica y de VGM, es perfectamente compatible, como ocurre en muchos países, y regular por la vía de una legislación apunta justamente a garantizar al sector productor esa compatibilidad”.
En ese sentido, apuntó que “el aumento sostenible de la superficie que se cultiva en Chile de VGM y que hoy alcanza más de 20 mil hectáreas, hace indispensable disponer de una normativa legal que regule estos cultivos”.

3.- Las esperadas salvaguardias 2+2

El Congreso Nacional recibirá este mes una propuesta proveniente del Ejecutivo para modificar y ampliar en 100%, el periodo máximo de vigencia de medidas de salvaguardias (sobretasa arancelaria a productos importados), cuando éstas sean resueltas por la Comisión de Distorsiones de acuerdo a las normas que establece la Organización Mundial de Comercio (OMC).
La propuesta se incluye a un proyecto de ley que está actualmente en discusión en el Congreso y que amplía este plazo de 2 a 3 años (hoy es 1+1). En tanto, la indicación lo extenderá aún más, de 2 a 4 años, siempre en el marco de lo establecido por la OMC, que permite hasta 8 años en total (4+4).
Con ello, una medida de salvaguardia podría aplicarse en Chile por 2 años, siendo posible prorrogarla por otros 2 años (4 años en total), en el caso que el Congreso apruebe la idea en su etapa legislativa.
En la última década, la Comisión de Distorsiones inició 11 investigaciones, de las cuales 8 derivaron en la aplicación de medidas de salvaguardias.
Sin embargo, los gremios agrícolas del sur han cuestionado el impacto real de este tipo de instrumentos en la actual conformación.
Algo que el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, tiene claro. “La legislación nacional en esto ha sido limitada, toda vez que actualmente la modalidad máxima para la aplicación de salvaguardias es de 1 año renovable por 1 año más”, sostuvo.
Respecto de la iniciativa, el presidente de Aproleche Araucanía, Rodrigo François, valora el esfuerzo por mejorar los instrumentos para proteger a la agricultura nacional.
No obstante, agrega que es clave -como elemento adicional- mejorar la actuación de la Comisión de Distorsiones, en cuanto a la oportunidad de su intervención y el rol como investigadora de eventuales actos de competencia desleal.
A su juicio, además de plazos de aplicación de salvaguardias adecuados, se requiere de medidas provisorias oportunas y facilitar los procesos para que este tipo de instrumentos tengan un real impacto protector del sector.

4.- Conaf como un servicio público

El proyecto de ley que transforma a Conaf en un organismo público debería ingresar este mes a la Cámara de Diputados.
El objetivo es modificar la naturaleza jurídica de Conaf desde una Corporación de Derecho Privado a un Servicio Público descentralizado.
Para ello, se realizará un rediseño institucional de la corporación a fin de dar cumplimiento a sus competencias en materia forestal y a la sentencia del Tribunal Constitucional.
En 2008, este tribunal recomendó al Gobierno regularizar la naturaleza jurídica de la Conaf, procediendo a la dictación del Decreto Supremo a que se refiere el artículo 19 de la Ley Nº 18.348, publicada el año 1984, o empleando otro medio constitucionalmente idóneo que el Gobierno estime adecuado.
Entre los temas más complejos, se cuenta el traspaso de los activos de la corporación, como predios, plantaciones, casas, departamentos, vehículos y el rol de los casi 2.000 trabajadores en la nueva institucionalidad, algo sobre lo cual aún no existe claridad.
Algunos gremios, como la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (Aifbn), señalan que “se hace necesaria la creación de un Ministerio o Subsecretaría Forestal que sea autónoma, con poder de decisión e incidencia y que mantenga estrechas relaciones con instituciones de otros sectores”.

5.- Los mercados más transparentes

Era una de las iniciativas más esperadas. Y durante el verano, el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, anunció el pronto ingreso al trámite legislativo a la Cámara del proyecto que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios, comúnmente conocido como “Ley de muestra y contramuestras”.
La iniciativa fue presentada la semana pasada en la Cámara de Diputados y luego pasó a la Comisión de Agricultura, donde se espera un rápido trámite. Se trata de un proyecto con urgencia simple y que se remitió a la Corte Suprema para su pronunciamiento.
“Responde a una aspiración de todos los representantes del sector que han señalado la necesidad de que existan normas reconocidas por todos los agentes comercializadores, que determinen los precios atendiendo a las calidades de los productos importados y/o nacionales en mercados abiertos y competitivos”, explicó el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea.
El proyecto establece mecanismos e instrumentos precisos que ayuden a determinar la transparencia en los precios en las transacciones de productos agropecuarios, regulando y transparentando los procedimientos que determinan la cantidad y calidad de los productos que son transados en el mercado agrícola.
De esta forma, se espera resuelve el problema que se genera en la comercialización de productos agropecuarios, debido a que las partes no concurren en igualdad de condiciones, porque en general son los compradores los que disponen del instrumental y establecen los procedimientos para cuantificar los elementos que determinan el precio final de transacción.
Hoy en día, la legislación nacional no dispone de procedimientos que permitan resolver de manera vinculante las controversias sobre las características de los productos en procesos de comercialización de granos tan relevantes como maíz, trigo y arroz , entre otros.
De allí que la propuesta apunte a regular aspectos fundamentales del proceso de transacción, tales como la medición de calidad y cantidad de los productos, la certificación de los equipos y la toma de muestra y contramuestras, según corresponda a la naturaleza de los productos que se vendan o compren.
Respecto de los productos importados, el secretario de Estado explicó que el proyecto de ley establece una obligatoriedad en el mecanismo de muestreo y análisis que permita obtener mayor y mejor información respecto a las características del producto importado evaluado bajo las normas de calidad vigentes para los productos chilenos. “Esta información comparativa mejorará la transparencia del mercado y la toma de decisiones productivas y comerciales al interior de la cadena productiva y dará más seguridad a los consumidores”, señaló.
Asimismo, propone crear en el Servicio Agrícola y Ganadero, dependiente del Ministerio de Agricultura, los registros de laboratorios de ensayo, de laboratorios de ensayo arbitrador y de laboratorios de calibración.
Estos laboratorios acreditados realizarán los ensayos correspondientes para determinar la calidad de la muestra y las contramuestras de los productos agropecuarios transados comercialmente o bien calibrar los equipos e instrumentos que son utilizados para estos procedimientos.

Fuente: Revista del Campo Sureño.