La última jugada del Ejecutivo en contra del abigeato

12 de febrero de 2011

El abigeato -robo de ganado- es pan de cada día para los ganaderos del sur de Chile. Según datos de Carabineros sólo durante 2009 se sustrajeron 13.465 cabezas de ganado, se realizaron 267 procedimientos con un total de 519 personas detenidas, y se detectaron 149 faenadoras de carne clandestinas.
Entre 2006 y 2009, en tanto, el número de casos cada 100 mil habitantes se incrementó en un 50%; a modo de comparación, los robos con fuerza en lugar deshabitado registraron un aumento de 17% en cada 100 mil habitantes, en el mismo periodo.
La concentración geográfica del delito se produce en la zona centro sur del país, específicamente, en las regiones del Maule, Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. En ellas, se registra más del 77% del total de denuncias y detenciones de todo el país.

Por ello, desde a mediados de 2010 el tema se posicionó en el Congreso, buscando alternativas para enfrentar el problema.
Desde junio de 2010 han ingresado media docena de proyectos de ley a la Cámara de Diputados, que persiguen desde establecer penas accesorias al delito de abigeato hasta facultar a la autoridad sanitaria para proceder a la investigación de estos hechos.

La última jugada la realizó el Ministerio de Agricultura, en conjunto con el de Justicia, el de Hacienda y del Interior, en lo que se alza como una iniciativa que se anticipe al delito.

El Ejecutivo ingresó durante el mes pasado un proyecto de ley que va en la dirección de mejorar la fiscalización del abigeato.
En síntesis, el mensaje 529-358 busca modificar las normas en relación a la documentación requerida para el transporte de animales y las competencias fiscalizadoras del SAG al respecto.
Ello, tomando como experiencia lo que sucede, por ejemplo, en Argentina, donde existe la ley 10.891 que establece una guía única de traslado de ganado y que consta de 30 artículos.

los cambios
El Ejecutivo funda su proyecto en que la guía de libre tránsito, actualmente utilizada para el transporte de ganado, no contiene información que sea útil para la fiscalización. Es decir, no reúne datos respecto de quién realiza el transporte, desde y hasta dónde, y cuáles son los animales transportados. Está obsoleto.
Por ello, propone reemplazarla por el actual “Formulario de Movimiento Animal”, desarrollado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), dependiente del Ministerio de Agricultura, en el marco de su Programa Nacional de Trazabilidad Animal. Dicho formulario, que se utiliza para el transporte de ganado, debe ser usado cada vez que se muevan animales que se encuentren en el programa desde un establecimiento pecuario bovino a otro.
Este formulario debe ser llenado independiente de la distancia que exista entre el lugar de origen y el destino del transporte y se debe completar uno por cada destino de animales.
La idea es que este instrumento sea perfeccionado por el Servicio Agrícola y Ganadero para mejorar aún más su contenido. En tal sentido, se estima que puede incluso ser electrónico, según una base de datos que administra el SAG. Y en él se incluirán también caballares, ovinos, camélidos y otras especies de ganado.
Sobre la fiscalización, el ministro de Agricultura, José Antonio Galilela, explicó que el proyecto dota de las atribuciones necesarias para llevar a cabo su labor a los inspectores del SAG.
“Ellos, en el ejercicio de sus funciones, puedan realizar una serie de acciones tendentes a determinar la existencia de una infracción o, eventualmente, puedan ordenar medidas para conservar sellados los medios de prueba que servirán para determinar que existe un delito”, dijo.
Asimismo, frente a un caso de tenencia de animales por una persona que no pueda justificar su origen, además de aplicar la normativa penal y tributaria, esto debe comunicarse ya sea al SAG o al Servicio de Salud respectivo, a fin que se determine íntegramente la responsabilidad de quien cometa el delito de abigeato.
Estadísticas conjuntas de Carabineros y la PDI indican que durante 2009 se registraron en total 6.569 casos (denuncias y detenciones). Asimismo, se ingresaron cerca de 7 mil causas de abigeato al Ministerio Público.
De acuerdo a datos del Ministerio Público, durante ese año se puso término a cerca de 8 mil causas por abigeato, de las cuales sólo el 3% culminó con una sentencia definitiva condenatoria. Un 8,97% terminó en acuerdos reparatorios, absoluciones, sobreseimiento temporal y suspensión condicional del procedimiento, mientras que la mayoría (83,7%) fueron archivadas, no se perseveró o bien se aplicó el principio de oportunidad

 

Fuente: Revista del Campo Sureño.