Las oportunidades para el agro

19 de julio de 2010

Medio ambiente y agricultura tienen una vida en común. Y, aunque en ocasiones lo han intentado, no pueden y no deben vivir uno sin el otro. Eso explica que desde hace ya algunos años tengan temas comunes, como el resguardo de la biodiversidad y la necesidad de evaluar el impacto ambiental de los proyectos agroproductivos.

Hasta ahora parte de las tareas radicaban en el Ministerio de Agricultura y otra parte en la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama). Con el establecimiento oficial del Ministerio de Medio Ambiente, la cosa cambia un poco. Por ejemplo, algunas políticas, aún no determinadas, de la Corporación Nacional Forestal o del Servicio Agrícola Ganadero, podrían pasar a la nueva cartera.
Pero más allá de los cambios puntuales, el traspaso desde Comisión a Ministerio, podría abrir oportunidades para detectar y perfeccionar políticas y acciones estratégicas comunes.

"La nueva institucionalidad no cambia la legislación ni los proyectos que son evaluados. Lo que cambia es la gestión y algunas funciones que pasan desde el Ministerio de Agricultura al de Medio Ambiente", sostiene Ricardo Katz, gerente de Gestión Ambiental Consultores.

En realidad, lo que se genera es orden y la posibilidad de avanzar en temas que vienen quedando rezagados y que ya no pueden seguir esperando.

Materias como la desertificación de suelos, derechos de agua, descentralización a favor de regiones, uso de plaguicidas y transgénicos y las evaluaciones de proyectos, en la actualidad son parte permanente de la discusión pública internacional y son clave en las nuevas tendencias de desarrollo.

En Chile, y a pesar del peso que han adquirido, esos tópicos están, en muchos casos, subordinados a ministerios sectoriales lejanos a la visión medioambiental o, peor aún, "en tierra de nadie" a causa de leyes poco precisas y políticas antiguas que ya no se ajustan a las necesidades del país. Precisamente eso es lo que podría subsanarse con la nueva institucionalidad ambiental. Pero ello no quita que lo mismo genere preocupación en el sector agroalimentario.

Dónde hay que poner ojo

Uno de los ítemes que inquietan al sector agrícola sobre la nueva institucionalidad medioambiental es el agua y cómo se norma. Ésta es un bien escaso, cuyo uso es compartido por diversos sectores productivos, lo que complejiza su manejo en términos competitivos. Por ello es clave que a través de la institucionalidad y los sistemas de evaluación ambiental se defina claramente su enfoque estratégico para áreas como la agrícola.

"La competencia por el uso del agua debiera priorizar la agricultura", sostiene Luis Mariano Rendón, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile.

Hasta ahora las mayores atribuciones sobre el recurso están en el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Aguas. No obstante, se espera que el cambio a ministerio incremente sus facultades y, entonces se prioricen temas como la administración de cuencas.

"Si bien la institucionalidad establece mecanismos para la dictación de reformas referidas a los cuerpos de agua, hay un atraso en temas de ordenamiento territorial; por ejemplo, sobre administración integral de cuencas. La nueva institucionalidad amplía su rango de acción, pero no incorpora con profundidad algunos temas gruesos como ése", sostiene Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Medioambientales.

Otro tema estratégico para el agro es la degradación de suelos. Según el último Censo Agropecuario 1997-2007, se ha perdido 32% de suelos cultivados por procesos de degradación de tierras fértiles. La cifra da cuenta de la urgencia existente para que las carteras intervengan antes que se agudice más la situación. Actualmente, el Ministerio de Agricultura tiene mayores atribuciones sobre procesos de desertificación, pero los lineamientos no son suficientes para revertir la situación.

"Hay planes de riego y un programa de recuperación de suelos, pero no son suficientes. Por ejemplo, hay uno orientado al mejoramiento de praderas para el forraje. Es decir, no se trata de recuperar suelos y sí de alimentar a los animales. Ese enfoque está mal porque no es coherente con el propósito de llegar a ser potencia agroalimentaria", sostiene Lucio Cuenca.

La pérdida del patrimonio de suelos puede impactar fuertemente el desarrollo de la agricultura en el escenario de cambio climático, además de truncar el propósito de Chile de ser potencia agroalimentaria. Para Olca es fundamental que se profundice en políticas orientadas a recuperar o retener procesos de pérdida de calidad de suelos.

"Eso no está siendo instaurado como lo amerita por el Ministerio de Medio Ambiente o Agricultura, entonces hay una omisión en el actuar. Los instrumentos que hay son muy antiguos, falta reestructurarlos al igual que las políticas de riego", agrega Cuenca.

Otros temas que por estos días revuelven la olla de las polémicas agroalimentarias, es el referente a plaguicidas y transgénicos. Se habla de la necesidad de ser más acuciosos, especialmente a nivel de consumo local, con el control y la fiscalización de la presencia de plaguicidas en los alimentos, y de que ya no se puede seguir retrasando tomar una decisión y legislar en forma transparente sobre los transgénicos.

Sin embargo, la nueva institucionalidad seguiría abordando de forma sucinta ambas realidades.

"Chile no tiene legislación sobre organismos genéticamente modificados y sobre plaguicidas, es el Minagri quien se centra en fiscalizar, cuando en otros países eso se hace a nivel interministerial, con una integración fuerte entre Agricultura, Medio Ambiente y Salud. Esos desafíos debieran ser abordados ya", dice Cuenca.

Es vital para el país si quiere posicionarse en materia agroalimentaria y mantenerse enlazado con organizaciones internacionales de prestigio, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tome las dificultades como oportunidades para intervenir y formular políticas de fondo conjuntas.

"Fortalecer y consolidar el rol de la agricultura en la nueva institucionalidad ambiental es clave para cumplir el compromiso de ser potencia agroalimentaria", indica Fernando Santibáñez, vicedecano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y doctor en Bioclimatología.

Uno de los temas que inquieta en transgénicos es el artículo 10 de la Ley que establece qué tipo de proyectos debe ingresar a evaluación. La norma señala que en "proyectos de desarrollo, cultivo o explotación, en las áreas mineras, agrícolas, forestales e hidrobiológicas que utilicen organismos genéticamente modificados con fines de producción (..)
El reglamento podrá definir una lista de especies de OGM que, como consecuencia de su comprobado bajo riesgo ambiental, estarán excluidos de esta exigencia. El mismo reglamento establecerá el procedimiento para declarar áreas como libres de organismos genéticamente modificados".

Según esto, las autoridades tendrían atribuciones para autorizar que un proyecto en transgénicos no necesariamente tenga que pasar por el Sistema de Evaluación Ambiental.

"Preocupa por posibles conflictos de intereses el que una autoridad pueda definir qué semillas no tendrían riesgos, sin pasar por el Sistema de Evaluación Ambiental", indica Cuenca.

La aplicación de este apartado está supeditado a la entrada en vigencia de la modificación del Reglamento del Sistema de Evaluación del impacto Ambiental que actualmente se encuentra en elaboración. Quizás sería el momento de resolver eventuales conflictos sobre el tema.

Las regiones: un tema sensible

Antiguamente las corporaciones regionales del medio ambiente -Coremas- eran las encargadas de evaluar los impactos de los proyectos y los temas ambientales en cada una de las regiones del país.
Con el cambio, esas organizaciones desaparecerían, lo que implica descartar a los gobernadores y consejeros regionales que las constituían. Con la nueva institucionalidad se posiciona a los intendentes, los secretarios regionales de Medio
Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización como los titulares de estos temas.

El cambio no tiene el beneplácito de los expertos. Consideran que el consejero regional, definido por alcaldes y concejales locales, era el único representante cercano a las temáticas regionales. Los actuales secretarios, definidos por el ministerio, podrían no necesariamente conocer a fondo las realidades que defenderán.

"Los consejeros regionales eran clave porque eran definidos por las autoridades locales y ahora las nuevas autoridades serían nombradas por el gobierno central y ministerios. Creo que ese cambio no contribuye a la descentralización", explica Rendón.

Otro tema al que hay que estar atento es la norma del Sistema de Evaluación que exime a la agricultura de realizar estudios de impacto en zonas donde hay fauna y vegetación nativa, como las laderas destinadas a monocultivos de cítricos y paltos.

Esta realidad no ha cambiado con la nueva institucionalidad hasta el momento. Pero quizás haya oportunidades para solucionar problemas como ése, por ejemplo a través del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Y es que no todo está zanjado en la nueva institucionalidad. El ministerio está aprobado, pero aún hay espacio para proponer y perfeccionar normativas.

La mayor participación de todos los sectores, además de agricultura, podría ser la clave para resolver temas pendientes. Y es que tanto los ministerios sectoriales, como las comunidades ecologistas y la industria tienen un rol importante en la solución de los actuales vacíos. En la medida en que cada sector se haga presente éstos debieran solucionarse.

Un papel importante en la integración podría verse reflejado a través del Consejo para la Sustentabilidad, conformado por varias carteras sectoriales y donde Agricultura cobra vital relevancia.

"En el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, la cartera de Agricultura queda en segundo lugar después de Medio Ambiente. Eso es positivo porque refleja la importancia estratégica del agro para el medio ambiente", sostiene Rendón.
En definitiva, el bosque nativo, instrumentos de fomento, suministro de aguas y caudales ecológicos, suelos y químicos en el agro, son sólo una pincelada del potencial conjunto.

La conformación formal del Ministerio de Medio Ambiente abre amplias oportunidades de ahondar y perfeccionar en temas estratégicos.


¿Qué opinan Medio Ambiente y Agricultura?
José Antonio Galilea, ministro de Agricultura

"La nueva institucionalidad ambiental será un aporte a la modernización del país, ya que fortalecerá el trabajo que ha venido realizando el Ministerio de Agricultura en materia de producción limpia y agricultura ecológica.Respecto de funciones y atribuciones, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas será la institución a la cual el Ministerio de Agricultura traspasará algunas funciones, aún por definir, que podrían venir de Conaf y algunas acciones incluidas en la Ley de caza que maneja el SAG. En cuanto a visualización del trabajo conjunto entre los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, se puede comentar que será muy estrecho, dado que tienen muchos puntos en común. Prueba de ello es que la ley estipula que quien subrogará al ministro (a) de Medio Ambiente en la presidencia del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad será quien dirija la cartera de Agricultura".

Comisión Nacional de Medio Ambiente

"La nueva institucionalidad ambiental constituye un importante salto para el país en materia de desarrollo institucional y modernización del Estado, ya que lo dota de una estructura técnica del más alto nivel en el sector ambiental. Además, permite tener un ministerio dedicado a las políticas públicas, regulaciones y normativa ambiental, un servicio a cargo de la evaluación ambiental de proyectos, y una superintendencia fiscalizadora, separando y tecnificando las labores que antes ejercía sólo un organismo. Esta mirada integral aborda todos los ámbitos, no sólo la agricultura.

La nueva institucionalidad involucra una reforma sustantiva en la gestión pública en materia de medio ambiente. Los cambios ocurren a todo nivel: el país contará con organismos tecnificados, más eficientes, que abordarán las políticas públicas, la evaluación de proyectos y la fiscalización ambiental por separado, con mayores competencias y de forma transparente".

 

Fuente: El Mercurio.