Mayol en la recta final

13 de mayo de 2013

A diez meses de dejar su cargo, el ministro de Agricultura Luis Mayol afronta el complejo momento del agro, con caída en la producción, pérdida de rentabilidad de los productores, cierre de exportaciones de carne de vacuno a Europa y el estallido de violencia en la IX Región. Afirma que desde el Minagri se ha avanzado más que en los 20 años anteriores, rechaza la nacionalización del agua y llama a buscar alternativas de competitividad frente al bajo dólar.

Faltan 10 meses. Luis Mayol sabe que tiene poco tiempo para un par de jugadas y sacarle lustre a su gestión. El 11 de marzo de 2014 llegará una nueva administración al Gobierno, que Mayol confía que sea de la Alianza, y su paso como ministro de Agricultura ya será parte de la historia.

“Sin afán de ventaja política, se ha hecho en estos tres años lo que no se hizo en 20 años y que eran aspiraciones del sector agrícola por mucho tiempo”, afirma el ministro.

El ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y de la cadena de retail agrícola Copeval añade que “la actuación del Minagri ha sido bastante redonda y contundente durante este gobierno”. Asegura que ese resultado se debe a la continuidad de las políticas de José Antonio Galilea y que derivan de las 25 medidas para el agro que el Presidente Sebastián Piñera anunció en 2009.

Mayol confía que su período se destacará por medidas como el desarrollo de una política nacional del uso del agua y las medidas de protección frente a las importaciones desde Argentina de alimentos subvencionados o las alianzas productivas entre pequeños agricultores y supermercados, entre otras medidas. También proyecta el pronto ingreso al Parlamento del proyecto para crear el Ministerio de Agricultura, Alimentos, Pesca y Recursos Forestales.

Sin embargo, entre los productores el análisis es más complejo. Desde la explosión de violencia en La Araucanía, hasta la caída del PIB agrícola en 2012, pasando por el cierre de las exportaciones ganaderas a la Unión Europea, tienen molestos a muchos agricultores y productores del sector.

-En 2012 la agricultura fue el único sector económico que cayó en 0,2% ¿es un fracaso?

-Lo atribuimos, primero, a la sequía que hizo que disminuyeran mucho los rendimientos. También hay otro factor, en el año agrícola 2011-2012 las cosechas se adelantaron 15 a 20 días. En el año siguiente hubo atraso y pasaron a 2013.

-¿Descarta que el sector agrícola esté estancado?

-No se está estancando. Usted va a ver las cifras de 2013. Viene un gran crecimiento. Según los pronósticos que me ha dado Odepa, vamos a andar con un crecimiento similar al del país.

-Entonces el agro debería tener un crecimiento de 5% en 2013.

-Debería andar por ahí.

-Para muchos la principal causa de los problemas del sector pasan por el bajo nivel del dólar. ¿Es viable el agro chileno con un dólar menor a $480?

-Comparto que es difícil la competitividad del sector exportador. Habrá que ver cómo hacerlo viable por otros medios. Por ejemplo, las aperturas de mercados que se han hecho en estos dos años para tener más alternativas y vender donde se paguen mejores precios.

No voy a cambiar el discurso que tenía en la SNA, en que decía que en una economía abierta como la chilena el dólar es la herramienta fundamental de competitividad. Sin embargo, es un problema mundial. El ministro de Agricultura de Nueva Zelandia me dijo hace quince días que el dólar era su principal problema, lo mismo me señalaron los de Perú y Brasil.

-¿Entonces los agricultores tienen que trabajar con un horizonte de dólar a 480 pesos?

-Ojalá que llegara a 520 pesos, pero hay que ser realista, sobre todo si se es un empresario. Hay que analizar los fundamentos de lo que está ocurriendo en el mundo y en Chile. Sobre esa base planificar, reconvertir, buscar nuevas tecnologías y mercados.

Facilitar llegada de trabajadores extranjeros

-Mientras tanto, la mano de obra se ha hecho más cara y escasa en zonas rurales. ¿Como Gobierno están abiertos a la llegada de trabajadores extranjeros al agro?

-Sí, efectivamente. Ya se quisieran España o Grecia tener el bendito problema que es el pleno empleo.

Tenemos que usar la imaginación, tal como lo hemos hecho muchas veces en los últimos 30 años. Vamos a tener que ver cómo nos tecnificamos y buscamos mayores eficiencias en el uso de mano de obra. Actualmente la ley permite tener 15% de trabajadores extranjeros en las empresas que tienen más de 25 empleados. Bajo ese número no hay limitación. Según nuestros estudios, en las últimas temporadas hemos tenido una carencia de 45.000 trabajadores en períodos peak y solo se ha usado 1,5% de mano de obra extranjera. Para completar lo que nos falta necesitamos 7% de mano de obra extranjera.

Las leyes de inmigración son antiguas y no facilitan la incorporación de trabajadores temporales. Por eso el Ministerio del Interior se encuentra trabajando en una nueva ley que, entre otras cosas, va a permitir el ingreso de trabajadores por tiempo determinado, tal como lo hacen en Nueva Zelandia o Australia con el programa de Working Holidays.

-Sin embargo, los trabajadores pueden llegar con familia o decidir instalarse acá, con un impacto social importante.

-La ley de inmigración se ha demorado un poco porque se está estudiando prevenir eso. Van a ser visas temporales para un trabajo determinado. Existirá una responsabilidad compartida de parte de los empleadores que contratan.

Cierre de Europa a vacunos chilenos

-Por primera vez, este año Chile dejó de exportar carne de vacuno a la Unión Europea por problemas en la trazabilidad de la producción. ¿Falló el Servicio Agrícola y Ganadero?

-Coincidentemente también tuvieron problemas Uruguay, Argentina y Brasil. Creo que hay algo de medidas paraarancelarias. En Chile puede haber algo de culpa, pero compartida.

-¿En el caso de Chile, quiénes tuvieron la culpa del cierre?

-Tanto a nivel de Gobierno, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), como de los agricultores.

La Unión Europea en una fiscalización en terreno encontró que no había una relación en los libros que se llevaban. En las transferencias que se hacían no había una coincidencia estricta. Eso se está corrigiendo.

En este momento el director del SAG está en Bruselas. Según las informaciones que me ha dado, le ha ido bastante bien. Pretendo ir a Europa en junio a ver si podemos dejar cerrado el tema.

No hay que magnificar las cosas, porque es algo que ocurre en las relaciones comerciales entre países.

-En el sector ganadero quedó la sensación de que el hilo se cortó por lo más delgado, con la salida de Óscar Videla de la jefatura de la División de Protección Pecuaria y no la de Aníbal Ariztía, el director del SAG.

-Si cada vez que los usuarios suponen que hay una falta de aplicación de las políticas vamos a descabezar las instituciones, nadie funcionaría.

Retraso de agricultores en salvaguardias

-En abril se aplicaron sobretasas y derechos antidumping al maíz argentino. Los agricultores reclaman que fue una medida tardía. ¿Qué les responde?

-En los 20 años anteriores jamás se les puso medida antidumping, ni al entero ni al maíz partido. Este gobierno, en abril de 2012, a instancias del Minagri solicitó una salvaguardia para el maíz partido proveniente de Argentina. No es lo normal que se pida por parte del propio Gobierno o del Minagri, pues el Minagri forma parte de la Comisión Antidistorsiones. La OMC no ve bien que sea juez y parte.

En octubre del año pasado, se les dijo a las organizaciones de agricultores que si estimaban que había antecedentes, que presentaran una petición de salvaguardia lo antes posible ante la Comisión de Distorsiones para que estuviera vigente o se viera antes de la cosecha. La presentaron el 28 de febrero.

-O sea, hubo retraso por parte de los agricultores.

-Sí pues. Esto tiene normas, plazos, es una ley.

Sin perjuicio de ello, el Gobierno presentó un reglamento que fue promulgado el 23 de marzo, que modifica la ley que crea la Comisión de Distorsiones y sus procedimientos en aquellas partes que se puede cambiar por decreto. Entre ellas están los plazos. Se acotan y se establecen obligaciones de informar, por ejemplo, si no se acoge a investigación una solicitud.

A mediados de marzo, además, se aprobó una solicitud de la SNA y se estableció un arancel compensatorio que corresponde a las medidas antidumping al maíz partido y que es de 10,8%. Hace 15 días la Comisión de Distorsiones le puso una salvaguardia al maíz entero proveniente de Argentina de 9,7%.

Usted ve en este gobierno varias medidas respecto del maíz que no se habían tomando antes.

-Sin embargo, las salvaguardias son como las sabanitas cortas, los productores de carnes blancas ahora reclaman que pierden competitividad por el alza del maíz. ¿Pueden seguir siendo viables?

-Absolutamente, ¿por qué cuando hace seis meses el maíz estaba en $15.000 el quintal igual funcionaban? Ahora el maíz tiene un precio menor, aun si se le aplican las salvaguardias.

No puede ser que las distorsiones que provoca una economía como la argentina, que a nadie le cabe duda que tiene distorsiones, pueda hacer rentable un negocio en Chile, en desmedro del productor nacional.

-Los productores de cerdo recién pidieron salvaguardias por 14,3% a la carne porcina importada. ¿Cuál es su posición?

-Estoy absolutamente de acuerdo en que si existen distorsiones en el ingreso de aves o cerdos, se apliquen las salvaguardias o las medidas antidumping que correspondan. A mí no me cabe duda que en el caso de los pollos que vienen de Argentina, que se alimentan con un maíz subsidiado, tiene que tener un efecto. Para producir un kilo de pollo se necesita 1,2 kilos de maíz.

-¿Y qué les responde a quienes alegan que el timmingde la aplicación de las medidas al maíz argentino favorece principalmente a los poderes compradores, como Copeval y Coagra, que son quienes tienen la capacidad para recibir maíz local?

-Esa es ignorancia o mala fe. Los únicos perjudicados con una medida así son los compradores. Esas medidas tienen por objeto beneficiar al productor. ¿Cómo lo beneficia? Que su producto suba de precio y que tenga que pagar más. Las grandes empresas que usted mencionó, tales como Agrosuper o Ariztía, son compradores. Para ellas no es un buen negocio.

Nacionalización del agua

-El agua se ha vuelto un tema de debate público. ¿Qué opina de la propuesta de nacionalizarla?

-Es muy político. Ya lo vi entre la primera y segunda vuelta de la última elección presidencial. Decir que el agua hay que nacionalizarla, vende. Esa gente no repara que el Código de Aguas establece que es un bien nacional de uso público.

De lo que las personas se hacen dueñas es del aprovechamiento, que lo otorga el Estado de acuerdo a la disponibilidad. El problema es que en los últimos 20 años se otorgaron derechos sin un catastro ni una política organizada. Le pongo como ejemplo Copiapó, Petorca y La Ligua. Allí se otorgaron derechos de aprovechamiento cinco veces más que la capacidad de recarga del acuífero. Así se produce la crisis.

El poder sobre las comunidades y los agricultores que les da al Estado el control del agua es tremendo.

Australia tiene un tercio del agua que posee Chile y riega 5,5 millones de hectáreas, mientras que nosotros regamos 1,2 millones de hectáreas. La principal política de los australianos fue involucrar a los privados, porque la participación del Estado era casi total. Incorporaron a los productores, sobre todo en el desarrollo de las obras. Para eso les dieron certeza del derecho a aprovechamiento.

Hoy Chile pierde el 80% del agua; para enfrentar eso los privados tienen que invertir y necesitan certeza jurídica de sus derechos de aprovechamiento.



Violencia en el sur

-En enero fueron asesinados los agricultores Werner Luchsinger y Vivianne MacKay; en abril, desconocidos descarrilaron un tren maderero. Ambos atentados ocurrieron en la Región de La Araucanía. ¿Cómo califica el ambiente para producir en esa zona?

-Bastante inestable, hay una sensación de inseguridad, es un hecho objetivo. Creo que los hechos que están ocurriendo son graves.

Lo que ocurrió con el matrimonio Luchsinger-MacKay es de suma gravedad. Posterior a eso se ampliaron las medidas de seguridad policiales. La sensación que hay, a lo menos para circular, es de mayor tranquilidad en La Araucanía. Son hechos que corresponden a grupos muy organizados muchas veces detectados por las policías, pero el nivel de calidad de pruebas que exigen los tribunales, especialmente los de la IX Región, hacen imposible formalizar las denuncias o detenciones.

-¿Reconoce un fracaso en las labores de inteligencia en la IX Región?

-Indudablemente hay un cierto grado de debilidad de la inteligencia. Hay que tener en cuenta que en los gobiernos anteriores fueron descabezados y desarmados los organismos que se encargaban de hacer esas labores.

-Si partimos de la premisa de que este gobierno no cometió ese error, ¿cuándo debería haber señales de que no se va a repetir el tipo de atentados que vimos este verano?

-Eso es materia del Ministerio del Interior, de las policías. Lo único que le voy a decir es que el desarrollo productivo va ayudar mucho a salir de este problema. Indap trabaja con 1.400 comunidades.

Fuente: Revista de campo- El Mercurio