La nueva norma ambiental y sus implicancias en la agricultura y vitivinicultura

12 de octubre de 2012

El estudio de Abogados Araya & Cía y la Consultora medioambiental Greenland Chile abordarán en un seminario los alcances que tendrá la nueva norma ambiental para ambos rubros productivos y las organizaciones de regantes en nuestro país.

La nueva norma ambiental no sólo está asociada al resguardo del patrimonio medioambiental del país. También se vincula a diversas actividades productivas  y la agricultura no es la excepción.

Para conocer las implicancias que tendrá en las labores agrícolas y otros sectores asociados como los derechos de captación de agua, embalses para riego, el control y manejo de residuos líquidos e intervención de suelo, el estudio de Abogados Araya & Cía junto a la Consultora medioambiental Greenland Chile, realizarán el próximo 24 de octubre en el Hotel Novotel, el seminario "La Nueva Regulación Medioambiental y su Repercusión en el Sector Agrícola y Vitivinícola”.

Cuáles serán las repercusiones de la normativa en la agricultura y vitivinicultura, así como la nuevas formas de fiscalización serán abordados por Jorge García, abogado de Greenland Chile. Asimismo, la jefa de la división de Cambio Climático del ministerio del Medio Ambiente, Andrea Rudnick, explicará las negociaciones internacionales y los compromisos de Chile en Cambio Climático.

Dada la importancia que tiene disponibilidad de los recursos hídricos para todos los sectores productivos, y el uso eficiente que se requiere en estos momentos, el jefe de fiscalización de la Dirección General de Aguas Francisco Riestra, explicará las nuevas formas de fiscalización para los regantes. En tanto, Sebastián Leiva y Andrés Ríos, abogados de Araya & Cía, especialistas en Recursos Naturales, analizarán a las organizaciones de usuarios y la generación hidroeléctrica.

Directa o indirectamente, toda actividad comercial tiene alguna repercusión en su entorno y, al mismo tiempo, este cambio de la institucionalidad, también tendrá efectos en los productores agrícolas y organizaciones de regantes. Estudios minuciosos que comprueben que las empresas y proyectos cumplen con la estricta normativa vigente es una de ellas. Lo contrario implica duras sanciones que van desde multas de hasta 10.000 UTA e incluso el cierre y cese de las labores.

 

Fuente: www.portaldelcampo.cl